El ex-presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será juzgado por presunta corrupción, después de que un juez federal haya aceptado la denuncia presentada por la fiscalía brasileña en relación con la supuesta aceptación de 3,7 millones de reales (un millón de euros) en sobornos.

Los investigadores sospechan que Lula aceptó un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de una de las constructoras que se beneficiaron de la trama en la petrolera estatal Petrobras, que consistía en cobrar comisiones a cambio de contratos públicos.

Corrupción y blanqueamiento de capitales

La acusación de la fiscalía, conocida la semana pasada, recoge unos presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueamiento de capitales. El juez Sergio Moro ha entendido que hay bastante indicios para juzgar al ex-mandatario, según el diario ‘O Globo‘. Lula, aún así, ha negado cualquier delito. ‘Prueben una corrupción mía y me iré a pie para ser encarcelado’, proclamó la semana pasada desde Sao Paulo, en un emotivo discurso en el cual lloró hasta tres veces.

De hecho, el clima político ya lleva meses enrarecido por todo el asunto en torno a la ya expresidenta Dilma Rousseff. La oposición promovió una acusación por impeachment que después de más ocho meses de proceso, ha dado lugar a la salida de su cargo de la máxima mandataria de Brasil. 61 senadores de 81 votaron a favor de retirarla de su cargo, cuando necesitaba que menos de 54 senadores votaron en su contra. También se votó si se debía inhabilitarla de la política durante ocho años, pero no salió adelante.

Lógicamente, todo este asunto ha resquebrajado una estabilidad política que aunque había sido relativa, permitió a Brasil convertirse en una de las economías emergentes más atractivas del mundo para los inversores. Habrá que ver cómo se rehace el país en términos políticos y económicos, que al fin y al cabo son la misma cosa, por desgracia.